De convertirse en el sumidero de los activos tóxicos acumulados por las cajas de ahorro en la burbuja de 2008 a ser uno de los pilares a los que ha decidido recurrir el Gobierno para alimentar el parque de vivienda pública con el que pretende hacer frente a la crisis habitacional del país. De banco malo a banco de viviendas. El Ejecutivo estudia la fórmula y la compensación económica que tendrá que desembolsar para traspasar buena parte de los inmuebles y los suelos en poder de Sareb a la recién creada empresa pública de vivienda antes del final de la legislatura.
Serán al menos 40.000 viviendas que el Ejecutivo pretende integrar en el parque de alquiler asequible en el próximo año y medio, aunque los trabajos avanzan muy lentamente. El Ministerio de Economía y el Ministerio de Vivienda han comenzado ya a estudiar las opciones, si bien las conversaciones se encuentran en una fase muy inicial. Se está trabajando en la identificación del perímetro del paquete que acabarían traspasando, así como en el modelo para hacerlo. "Hacienda se va a encargar de la compensación económica necesaria y suficiente", admiten fuentes del Gobierno.
La idea es que primero se incorporen a la empresa pública las viviendas que ya están habitadas y gestionadas bajo la fórmula de alquiler social por parte de la propia Sareb; unas 13.000 en total. Después se traspasarían otras 15.000 que actualmente están pendientes de algún tipo de reforma o rehabilitación y finalmente, otras 10.000 cuyas características no se han especificado. Vivienda estima un plazo de año y medio para completar todo el proceso, que también incluye el traspaso de suelos en poder de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, incluidos los que forman parte del llamado proyecto Viena. Éste último es un plan de colaboración público-privada basado en la cesión de derechos de suelo a promotores y constructores privados para su explotación durante un periodo de tiempo determinado y con unas condiciones concretas, cuya licitación está en curso.
El traspaso afecta también a Árqura, la promotora de Sareb cuyo proceso de venta ha sido cancelado hace escasas semanas. Una parte aún por especificar de sus suelos también podrían formar parte del lote que se trasvase a la futura empresa pública de vivienda. Los fondos y promotores que se habían interesado por hacerse con Árqura acabaron dando marcha atrás antes de final de año al conocer las intenciones de Moncloa sobre la empresa estatal de vivienda. Ahora esa operación está, como mínimo, paralizada.
La venta de Árqura era una de las vías que la propia Sareb había puesto en marcha para cumplir con el mandato de gestionar y liquidar los activos tóxicos acumulados por las cajas y los bancos españoles en la crisis financiera de 2008 y repagar con ello la deuda que el banco malo emitió, con el aval del Estado.
Sareb fue creada en 2012 y, según sus estatutos, su disolución debe producirse en 2027. Hasta 2023, la sociedad ha devuelto 21.368 millones de euros de la deuda inicial, un 42,1% de los 50.781 millones originales, aunque hace casi un año sus responsables ya reconocieron que no se podrá devolver todo el montante. El Gobierno tiene potestad para prorrogar el tiempo de vida de la entidad y también para modificar su mandato si lo considerase oportuno, si bien hasta el momento no han trascendido los planes que alberga Economía al respecto.
La Sareb ha estado rodeada de polémica desde sus inicios. El Gobierno de Mariano Rajoy, con Luis de Guindos como ministro de Economía, creó este vehículo en 2012 para desaguar los activos tóxicos que acumularon las cajas de ahorros en sus balances a raíz de la burbuja inmobiliaria de inicios de siglo. Es uno de los símbolos vivientes de la última gran crisis financiera el país y del crash del ladrillo que tuvo lugar entonces, sin embargo ahora el Gobierno la ha incorporado como uno de los ejes de su estrategia de vivienda ante la crisis residencial de España.
A finales de 2024, la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, ya avanzó que intentaría aprovechar todo lo posible del banco malo para la empresa pública de vivienda y el pasado lunes, el presidente Pedro Sánchez la incluyó en el [último] paquete de medidas frente a la emergencia habitacional. "Transferencia de viviendas y suelo a la nueva Empresa Pública de Vivienda. La AGE acaba de transferir más de 3.300 viviendas y casi 2 millones de metros cuadrados de suelo residencial para construir viviendas sociales de alquiler asequible. También se incorporarán 13.000 viviendas de la Sareb de forma inmediata, y otras 17.000 más, progresivamente", señala el documento difundido por Moncloa.